De no modificarse en el trámite parlamentario que ahora comienza, el Proyecto de Ley General Audiovisual aprobado esta semana por el consejo de ministros condena a las televisiones en abierto a competir en inferioridad de condiciones con gigantes digitales de dimensión internacional, en un mercado que es global y único, y en el que no caben distinciones regulatorias.

De forma incomprensible, el Gobierno ha ido más allá de lo que la trasposición de la Directiva exigía al incluir normas propias, no contempladas en Europa, que solo aplicarán a los operadores nacionales, perjudicándoles gravemente al situarles en una clara desventaja competitiva.

El Proyecto de Ley General Audiovisual confirma que el Gobierno ha desoído la reclamación de las televisiones en abierto para que dicha ley establezca una competencia equilibrada, con los mismos derechos y las mismas obligaciones para las televisiones en abierto y las plataformas internacionales de video on demand (Netflix, Amazon Prime Video, HBO y Disney+) y de compartición de videos (Youtube y Facebook).

La modernización legislativa de la que habla el Gobierno en el Proyecto de Ley se ha traducido en que ha agravado la discriminación al imponer, solo a los operadores nacionales, una estricta regulación en cuotas de catálogo en lenguas cooficiales, franjas únicas de protección al menor y un endurecimiento del régimen sancionador. Así, en vez de impulsar una legislación de mínimos, que aplique por igual a todos los competidores, ha ideado nuevas restricciones para las televisiones en abierto que ahondan en la desigualdad y el desequilibrio.

La asimetría normativa que se venía gestando desde que se conoció el primer borrador se ha incrementado aún más al añadir en las últimas semanas, y ya sin consultar a los sectores afectados, la obligación de incluir un 6% de las obras del catálogo de las plataformas en una de las tres lenguas cooficiales, al margen del castellano. Una nueva demostración del trato de favor del Gobierno hacia las multinacionales extranjeras que ofrecen sus servicios en España, pero tienen su sede fuera, pues es perfectamente consciente de que no puede obligarlas a cumplirlo. Esta norma aplicará solo a las plataformas nacionales.

Otros puntos a destacar del Proyecto de Ley General Audiovisual:

-Mantiene que solo las televisiones en abierto deben incluir franjas de protección reforzada para los menores en su programación. Una medida que, además de discriminatoria, es ineficaz, pues en esas mismas franjas los menores tienen acceso a todo tipo de contenidos en las plataformas de compartición de vídeo y en las redes sociales.

-En el caso del incremento del 0,9 al 3,5% del porcentaje de producción independiente al que están obligadas tanto las televisiones como las plataformas, las grandes beneficiadas serán multinacionales francesas propietarias de las productoras independientes de mayor tamaño.

-La Directiva europea tampoco decía nada sobre las formas de financiación de las televisiones públicas. Pues bien, el Gobierno ha desaprovechado la oportunidad de igualar en obligaciones, al establecer que las plataformas internacionales destinen a tal fin el 1,5% de los ingresos que generan en España, la mitad de lo que están obligadas por ley las cadenas privadas españolas.

-Igualmente discriminatorio resulta el hecho de que el texto mantenga limitaciones publicitarias a la televisión cuando no las puede imponer a las plataformas de compartición de vídeo.

En definitiva, en un mercado único y global, y con un espectador multisoporte, no tiene justificación alguna el texto aprobado por el consejo de ministros. Se trata de un Proyecto de Ley que obedece a intereses cortoplacistas y que amenaza la viabilidad de la televisión en abierto, especialmente en el caso de las cadenas de menor tamaño, que corren el riesgo de desaparecer con la disminución de empleo, pluralismo y diversidad cultural que eso conlleva.

El texto aprobado denota una irresponsabilidad que, de no corregirse, pagaremos como país. El Gobierno carece de visión de Estado al obviar el carácter estratégico del audiovisual, clave en la difusión de nuestra identidad cultural, motor de empleo e inversión y comprometido con la sociedad española. Las televisiones en abierto, al contrario que sus competidores digitales, abonan la totalidad de sus impuestos en España y se implican en la problemática social del país en el que operan. No se puede obviar tampoco la realidad de que un 90,8% de los ciudadanos considera la televisión en abierto gratuita un bien de interés general, según los datos del último barómetro difundido en noviembre de 2021.

Esperamos que durante la tramitación parlamentaria, tanto el Gobierno como los grupos políticos modifiquen el Proyecto de Ley para facilitar una competencia equilibrada.